Al menos 200 millones de lempiras ingresaron al Estado de Honduras entre noviembre de 2011 y abril de este año gracias a la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito que aprobó el Congreso Nacional para confiscar todos aquellos recursos pertenecientes a narcotraficantes y al crimen organizado.
Parte de esos recursos serán utilizados por la Oficina Administradora de los Bienes Incautados (OABI), según decisión aprobada recientemente por el Legislativo, para la construcción de los nuevos centros penales de Cortés y de Comayagua.
“Ya giramos las instrucciones para que la OABI haga el trámite correspondiente para que parte del dinero que está ingresando al Estado como parte de los bienes confiscados al personas involucradas en actividades ilícitas sean utilizados en la construcción de estas dos cárceles”, reveló Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional.
Hernández explicó que en Comayagua será remodelado un parque industrial que quedó en abandono para convertirlo en una celda de máxima seguridad. Otra parte de los fondos está destinada a la cárcel que será construida en el sector de Naco, entre lo departamentos de Santa Bárbara y Cortés. Gracias a la Ley aprobada por el Congreso Nacional, la primera sentencia fue emitida el 29 de noviembre de 2011, cuando la Fiscalía de Privación de Dominio (Fepridd) presentó la solicitud para privar más de 300 mil dólares incautados, unos seis millones de lempiras.
A partir de esa fecha, el Ministerio Público, a través de la Fepridd, ha obtenido catorce sentencias de las 27 solicitudes presentadas ante los Juzgados.
Entre los nuevos bienes que serán administrados por el Estado también se encuentran 31 vehículos, dos casas y dos terrenos. Mientras que la Oficina Administradora de Bienes Incautados tiene bajo su administración 11 casas, 18 terrenos, 31 vehículos, 22 embarcaciones, trece millones de lempiras y seis millones 243 mil lempiras.
Estos bienes, según la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, deberán distribuirse en partes: cuarenta por ciento a las unidades que trabajan directamente contra el Crimen Organizado, ocho por ciento para la OABI, cuatro por ciento para el programa de protección de testigos y diez por ciento a las Alcaldías Municipales, entre otros.
La Fepridd trabaja en implementación a la Ley de Lavado de Activos y la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícitos, cuya finalidad es la lucha contra la criminalidad organizada.
